No abra la puerta

Tiene derecho a negar la entrada a menos que el agente presente una orden judicial válida.

Diga: “No le doy permiso para entrar a mi casa, basándome en mis derechos bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, a menos que tenga una orden judicial firmada por un juez o magistrado con mi nombre. Por favor, pásela por debajo de la puerta”.

No permita que revisen sus pertenencias: “No le doy permiso de revisar ninguna de mis pertenencias, basándome en mis derechos bajo la Cuarta Enmienda”.

Tiene derecho a guardar silencio

No responda a ninguna pregunta.

Diga: “No deseo hablar con usted, responder a sus preguntas ni firmar ni entregar ningún documento en virtud de mis derechos protegidos por la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”.

No firme nada sin un abogado: No está obligado a firmar ningún documento sin asesoramiento legal.

Diga: “No deseo firmar nada sin consultar primero con mi abogado. Elijo ejercer mis derechos constitucionales”.

Cuarta Enmienda: “El derecho de las personas a sentirse seguros en su ser, en sus hogares, en sus documentos y efectos, contra registros e incautaciones irrazonables, no será violado…”

Quinta Enmienda: “Ninguna persona… será obligada en ningún caso penal a declarar contra sí misma, ni será privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal…”

Acceso a atención de urgencias médicas

Todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a recibir tratamiento médico de emergencia según la ley federal.

Límites para las agencias del orden público en el estado de California

• No pueden preguntarle sobre su estatus migratorio para propósitos de cumplimiento de la ley.
• No pueden compartir información personal, como su domicilio, a menos que la información sea pública o esté relacionada con antecedentes penales.
• No pueden colaborar con ICE en la aplicación de la ley migratoria, a menos que se trate de una asignación federal limitada, no especializada en inmigración.

Se protege la privacidad de los estudiantes

Las escuelas están obligadas por ley a proteger los expedientes estudiantiles. No pueden divulgar información personal sin consentimiento escrito, a menos que sea para fines educativos, registros públicos u órdenes judiciales.